El Reporte Delfino

Un jueves de cuentas pendientes. Hacienda con la Caja, Asosejud con sus asociados, el Gobierno con el OIJ y el cielo con el Pacífico. Revisen las fugas, por favor. Las de agua, digo; de las otras ya se están encargando la Sala, un juzgado penal y el OIJ, ese mismo al que le ofrecen medallas.

Bueno, pues ya sabemos por dónde viene la corriente. O al menos por dónde pretende hacerla circular Casa Presidencial. Ayer cerramos este espacio pendientes del anuncio importante que la presidenta Laura Fernández Delgado haría sobre el futuro de la reforma eléctrica que naufragó el lunes en la Asamblea Legislativa. Se hablaba de un posible referéndum, pero finalmente la mandataria anunció otra ruta: preparar una nueva iniciativa que pueda aprobarse sin necesidad de conseguir 38 votos.

Miles de personas salieron este martes a las calles de San José para protestar contra los recortes presupuestarios a la educación pública. Estudiantes, docentes, funcionarios universitarios, sindicatos y representantes de otros sectores caminaron desde San Pedro hasta el centro de la capital para manifestar su desacuerdo con las decisiones que se están tomando en la Asamblea Legislativa. Además, mientras el rollo de las universidades se discutía en las calles y en Hacendarios, otra comisión legislativa decidió ocuparse de un asunto bastante más que peculiar: investigar a un ciudadano por sus llamados a protestar. Ajá, así como lo leen. La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aprobó, por tres votos contra dos, una moción impulsada por Pueblo Soberano para abrir una investigación contra el exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes.

Santo Dios. Después del reporte monotemático del viernes volvemos hoy a nuestro querido formato Molomix, porque la jornada de ayer nos dejó un poco de todo: una diputada que votó contra su propio partido, un proyecto eléctrico que terminó sin corriente, un pleito parlamentario con descuentos salariales incluidos y a Carlo Díaz saliendo de la Corte Plena con la mano en el bolsillo y cuatro años más en el puesto.

Imagínense ustedes la siguiente escena: una universidad pública anuncia que abrirá cientos de espacios para que jóvenes de distintas regiones del país puedan estudiar carreras de ingeniería sin tener que trasladarse hasta la Gran Área Metropolitana. Otra confirma nuevas carreras científicas y tecnológicas en Limón, Cartago y la Zona Sur. Todo muy bonito, ¿verdad? Más oportunidades, más desarrollo regional, más acceso a la educación superior. Pues bien, tres Doritos después los rectores de las cinco universidades públicas convocan una conferencia de prensa de urgencia en la Asamblea Legislativa para advertir que varias mociones presupuestarias del oficialismo podrían dar al traste con esos mismos planes.

Bueno. Después de meses de anuncios, polémicas, retrasos y toda clase de pleitos, ayer finalmente se inauguró el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco)... Lo ahuevado es que el logro llegó acompañado de otro cansino episodio del pleito entre Zapote y el Poder Judicial. Porque, naturalmente, la ceremonia no podía transcurrir sin que alguien encontrara una nueva razón para repartir garrotazos.

Ayer cerramos el Reporte preguntándonos qué diablos había sido tan «opaco» en las negociaciones para la incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico. Pues bien, ayer el diputado liberacionista Salvador Padilla tuvo la gentileza de plantearle directamente esa pregunta a doña Indiana durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios. Mientras tanto, ayer (finalmente) la Sala IV comenzó a resolver expedientes con magistrados suplentes cuyos nombramientos vencieron en diciembre de 2025, y que fueron prorrogados excepcionalmente mediante una resolución de la propia Sala dictada en julio. Eeeeeen fin. Cerremos con el popular Don Stockwell, porque ayer tuvimos novedades en el caso Éxodo y, palabra, la historia se está escribiendo prácticamente sola.

El viernes doña Laura Fernández se sentó durante casi siete horas con representantes de distintos sectores productivos para conversar sobre la eventual adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico. Al terminar dijo que todavía debía decidir si firma el protocolo o posterga la decisión. Bueno. Ayer lunes salió la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, y explicó que el asunto tiene un pequeño detalle: la negociación ya terminó. “Ya las cartas se dieron y la negociación está en firme”. Mieeeeentras tanto, en Liberación Nacional aprovecharon el fin de semana para celebrar sus 75 años de existencia haciendo lo que Liberación sabe hacer mejor que nadie: pelearse entre ellos.

Bueno. Después de años de verla entrar, salir, morir, resucitar, transformarse, negociarse y volver a transformarse, ayer finalmente ocurrió algo concreto con las famosas jornadas 4x3: el proyecto fue aprobado en primer debate.

Ayer amanecimos con el despliegue de la Operación Éxodo, la segunda fase del caso Granero, la investigación que en enero de 2025 llevó a la captura de Edwin Vargas García, alias Sobrino, señalado por las autoridades como cabecilla de una estructura dedicada principalmente al narcotráfico. Esta vez, el OIJ y la Fiscalía no fueron detrás de la droga, sino de la plata. La tesis es que el dinero se habría distribuido por varios frentes: conciertos y espectáculos, oro, propiedades, ganado, préstamos gota a gota y otros negocios. Solo en tres eventos, las autoridades rastrean unos $859.000 presuntamente invertidos por la organización. Por eso, ayer hubo 22 allanamientos y 18 detenidos, entre ellos los conocidos productores Don Stockwell y Hugo Benavides Barboza.

Ayer cerramos este Reporte con una pregunta bastante sencilla: ¿quién invitó a Juan Carlos Tam Cheong a la fiesta de la presidenta electa? Pues bien. Horas después Pueblo Soberano anunció que abrió una investigación interna precisamente para averiguarlo. “Hemos iniciado una investigación para saber cómo fue que esta persona asistió al evento del 1.º de febrero y quién la invitó”, dijo la presidenta del partido, Mayuli Ortega, en el Plenario. Excelente. Ya somos varios preguntando lo mismo.

El viernes pasado cayó en Granadilla de Curridabat Guobin Tam Zhang, ciudadano costarricense naturalizado también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, requerido por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y señalado por Seguridad como “uno de los principales legitimadores de capitales provenientes del narcotráfico en territorio costarricense”. Hasta ahí, un extraditable más. Uno particularmente importante, sí, pero asunto propio de la sección de sucesos. De pronto, en pleno fin de semana, cayó la granada mediática. Una fotografía del señor Tam muy sonriente con pañuelo de Pueblo Soberano posando junto a Pilar Cisneros la noche del 1.º de febrero, cuando Laura Fernández ganó las elecciones.

Hay temas que uno quisiera explicar una vez, cerrar el archivo y seguir adelante con la vida. Luego está la elección de magistraturas suplentes de la Sala IV. Pero diay, aquí estamos... Además, el INEC nos dejó ayer otro dato que merece atención. La cantidad de personas desempleadas aumentó en 20 mil frente al mismo periodo del año pasado.

Puntarenas amaneció ayer en modo ceremonioso y formal. Honras de Estado por Juan Rafael Mora Porras, José María Cañas Escamilla y José Joaquín Mora Porras, sesión especial de la Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno... todo muy republicano, muy institucional, muy 170 años de la Campaña Nacional. Duró poco. La sesión solemne del Congreso terminó convertida en un hervidero de gritos y abucheos contra diputaciones de oposición.

Manuel Tovar se fue de Cancillería “con mucha paz”. Cinco días después, la paz viene acompañada de misterio bíblico. Ayer reapareció en X citando Juan 8:32: “Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”. Nada más. Ni contexto ni explicación ni capítulo siguiente. El hombre pasó de mucha paz a mucha intriga en tiempo récord.

El viernes cerramos este Reporte pidiendo una cosa muy concreta: la invitación al encuentro de la discordia. Bueno... tres Doritos después un periódico panameño dice que tuvo acceso a la convocatoria original de la dichosa reunión del Escudo de las Américas y resulta que Donald Trump no aparecía en ella.

Manuel Tovar se fue ayer de la Cancillería “con mucha paz”. Mucha. Loable, la verdad, porque la presidenta Laura Fernández lo despidió de manera fulminante, en plena Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, con una acusación que tiene la virtud —para efectos periodísticos— de ser, por una vez en la vida, extraordinariamente concreta.

Miércoles relativamente tranquilo, de pronto gracias a que por esta semana nos ahorramos la conferencia de prensa de Zapote. Ya saben, la presidenta anda en Colombia diciéndole a De la Espriella que "Costa Rica no va a recibir la basura que usted está limpiando".

Hay cosas que uno dice a título personal y otras que dice con un ministerio entero detrás. El Ministerio de Seguridad Pública tuvo ayer problemas con ambas.

Ni modo, nos volvimos a topar con la Corte. Ya sé. Uno pensaría que después de pasar buena parte de setiembre entre presupuestos, cautelares, suplencias y presiones alrededor de la reelección de Julia Varela, Costa Rica nos daría unos días para hablar de otra cosa. Uno sería muy inocente.

Hay días en que Costa Rica tiene la decencia de escoger una sola polémica y desarrollarla con cierta calma. Ayer no fue uno de esos días. José Miguel Villalobos discute si todavía podían suspenderlo. Fabricio Alvarado enfrenta una nueva denuncia de acoso. La Caja intenta resolver salarios mientras recompone cirugías. Y, en Cuesta de Moras, Nogui Acosta fue captado durante la sesión haciendo, hacia la barra del público, el ya célebre gesto de "lero lero".

A veces la realidad tiene pésimo sentido del timing. Durante meses el Gobierno ha repetido una historia bastante sencilla sobre la inseguridad: la Policía captura, el Poder Judicial suelta y el país termina atrapado en una especie de carrusel institucional donde los delincuentes entran por una puerta y salen inmediatamente por la otra. La famosa “puerta giratoria”. El pequeño problema es que ayer el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, llegó a la Comisión de Asuntos Hacendarios a explicar cómo está funcionando realmente el sistema penitenciario y... ejem. Resulta que las cárceles están cada vez más llenas.

Les adelanté ayer que hoy sí había Reporte y ahora me toca pagar la lengua en pleno feriado, así que empecemos por agradecerle a la clase política nacional que, aun cuando el país entero estaba ocupado descansando y viendo desfiles, hiciera un esfuerzo extraordinario por dejarnos material. Y vaya material...

El jueves pasado les conté que durante la votación para resolver la continuidad de la magistrada Julia Varela circularon en la Asamblea versiones bastante graves sobre presuntas presiones ejercidas para conseguir los siete votos que le faltaban a Pueblo Soberano para impedir que la señora siguiera en su puesto. También les dije que no pensaba meterme ahí: “Hasta no ver papelitos o hasta que nadie ponga la cara para levantar acusaciones concretas, paso de aludirlo en este espacio”, escribí entonces, antes de invocar aquella pieza inmortal del cancionero latinoamericano: “son rumores, son rumores”. Diay. Ayer alguien puso la cara.

Empecemos por conceder algo importante: doña Laura Fernández tiene un problema real entre manos. Si su Gobierno está preocupado por la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales, razones no le faltan precisamente. El miércoles, Fernández anunció que instauraría un sistema de rotación de policías por todo el país para evitar que los funcionarios permanezcan demasiado tiempo arraigados en una misma comunidad y puedan terminar defendiendo intereses distintos a los de la seguridad nacional. El problema es que, menos de 24 horas después, el alcance del anuncio empezó a volverse borroso.

Bueno. Ya pasaron los primeros meses de doña Laura Fernández en Zapote y finalmente tenemos una fotografía bastante buena de cómo la está viendo el país. Espóiler: bien. Bastante bien, de hecho. La más reciente encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica le da a la presidenta 64% de valoraciones positivas, contra 25% negativas y 11% regulares. Si la pregunta se hace sobre el Gobierno en general la valoración positiva baja a 59%, pero cuando directamente se consulta si actualmente respaldan o no a la administración, 69% responde que sí.

Bueno. Cuatro meses después volvimos al famoso Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas y palabra, espero que esta vez a Costa Rica le vaya un poquito mejor. A ver, entremos en materia y los aterrizo. Ayer la Fiscalía General confirmó que recibió una segunda denuncia por presunto acoso predatorio contra el diputado oficialista Fernando Obaldía Álvarez, presentada por una mujer distinta a la funcionaria que acudió al Ministerio Público el lunes.

El viernes terminamos una semana particularmente espantosa preguntándonos si las reglas con las que Costa Rica maneja las medidas cautelares siguen respondiendo adecuadamente a la nueva realidad del crimen organizado. No pedimos cárcel automática para nadie (aquí no hemos perdido la cabeza) pero sí dijimos que, después de ver sospechosos desaparecer, jueces investigados por presuntos favorecimientos y decisiones cautelares que cuesta entender, el Poder Judicial tenía mucho que explicar. Bueno. Ayer el propio Poder Judicial empezó a hacerse la misma pregunta. Unas horas después a Corte Plena le tocó discutir una pregunta todavía más elemental: si en 2027 tendrá con qué aplicar las leyes que pretende mejorar.

Ay, Costa Rica, cómo dueles. El Reporte de hoy viene pesado, así que agárrense. Y si están esperando “ganadores” en el cansino pleito político que abruma al país desde hace rato, les adelanto que no: con lo que hoy les relataré no gana absolutamente nadie; perdemos todos. A ver... hay semanas en que la actualidad nacional decide impartirnos un curso intensivo sobre alguna rama del derecho. Esta semana tocaron (otra vez) las medidas cautelares. Y créanme: nadie matriculó la materia, pero a estas alturas ya estamos todos sentados en el aula.

Capturar a Diablo tomó casi diez años. Averiguar cuánto logró entrar Diablo al Estado puede resultar bastante más complicado. Y apenas estamos empezando... Hoy, más que nunca, aplica: que Dios nos agarre confesados.

Arrancamos setiembre con dos jueces y una agente judicial bajo investigación, Diablo todavía haciendo eco desde la cárcel, el OIJ investigándose a sí mismo, Hacienda repartiendo tijera y candados y la Asamblea extendiendo informalmente el fin de semana largo.

Lo adelantamos: el tema Diego Miranda vs. Zapote se las traía. Resulta que el alcalde josefino volvió a la carga este jueves y esta vez decidió subir bastante la apuesta. Mieeeeentras tanto, ojo al Cristo. Estábamos nosotros muy entretenidos a lo interno durante la semana con medio país agarrado de los pelos cuando desde afuera alguien también levantó la ceja.

Ayer terminamos el Reporte avisando que, por si la guerra San José–Zapote no nos había dejado suficiente material, Teletica se había vuelto a meter al ring con el Gobierno. Tras el mensaje de don Rodolfo González, director de Telenoticias, el panorama cambió. Y lo que anteayer era una escena postcréditos este miércoles se convirtió en película completa. Mientras tanto, ¿recuerdan el tanate de Diego Miranda vs. Jorge Rodríguez vs. Parque La Libertad? Ayer comenté que a ese frente todavía le faltaba mucho tramo. Bueno. Llegó el tramo.

Como algunos de ustedes recordarán, a inicios de agosto el alcalde josefino Diego Miranda pidió al Gobierno una respuesta nacional ante el crecimiento de la población en situación de calle. Dos días después el Gobierno anunció precisamente una estrategia interinstitucional cuya primera intervención se concentrará en el distrito Merced. Excelente. Pequeñísimo detalle: la Municipalidad de San José no estaba inicialmente incorporada a la mesa, aunque el proyecto piloto se desarrollará precisamente en el cantón central. Miranda reclamó y luego la cosa cruzó de acera y escaló. Además, ayer el director de Telenoticias, Rodolfo González, apareció en la edición estelar para advertir que la reforma al canon que pagan radios y televisoras por utilizar frecuencias públicas podría “poner en peligro la subsistencia de la televisión abierta en Costa Rica”.

El viernes pasado Uber cumplió 11 años operando en Costa Rica. Once. La plataforma comenzó a ofrecer viajes oficialmente a las 4 de la tarde del 21 de agosto de 2015, aunque para entonces la Fuerza Roja ya había protestado preventivamente contra su llegada. No sirvió de mucho. Dos años después, en agosto del 2017, escribí aquí mismo que seguíamos “sentados en la MISMA galleta del día 1”, propuse que el logo de Uber fuera declarado nuevo escudo de la República Tropical del Cangrejo y pregunté: “¿Tan complicado es proponer una solución viable a un problema que no se va a ir por sí solo?”. Bueno. No se fue por sí solo. Tampoco lo resolvimos.

Este jueves La Nación publicó dos reportajes que no deben pasar desapercibidos. Son temas densos, sí, pero medulares. El primero tiene que ver con las cuotas que todos los meses trabajadores y patronos pagamos a la Caja Costarricense de Seguro Social. La otra nota regresó a los famosos $700 millones que Casa Presidencial viene atribuyendo al Poder Judicial. Además, el diputado José Miguel Villalobos anunció que solicitó separarse temporalmente del Colegio de Abogados y dejará de litigar mientras ejerza como diputado.

A ver, como el tema del ROP le interesa a una cantidad industrial de gente y entre tantos titulares ayer y hoy quedó aquello más enredado que los audífonos en una gaveta, arranquemos por lo elemental: no, el Gobierno no anunció que ya no se vaya a devolver el ROP. Tampoco anunció que lo vaya a devolver.

Bueno. A ver si entendí. El secretario general del partido de Gobierno salió en televisión a decir que tienen gente “censada políticamente”, que saben quiénes son, dónde están, cuáles son sus gustos y hasta qué hacen. Y después, cuando le preguntaron cómo obtuvo esa información, dijo que no ha tenido acceso a ninguna base de datos. — Freddy, perdón, ¿cómo dice que dijo?

Bueno, vamos otra vez con la Caja, mi tema eterno. Ya sé, ya sé. Muchos de ustedes esperan abrir el Reporte Delfino y disfrutar de una vez de intrigas palaciegas, diputados diciendo barbaridades y ministros creyéndose protagonistas de Taken. Y entonces yo los recibo con Centro Nacional de Imágenes Médicas. Lo angustiante es que como seguramente ya habrán adivinado el problema con las cosas pendientes no termina en las resonancias...

Pueblo Soberano perdió ayer por primera vez una votación en este periodo legislativo y no fue por una reforma constitucional, un presupuesto, un crédito internacional ni alguna de esas broncas que normalmente parten un congreso en dos. Fue por Cindy. Ay Cindy, bendita Cindy. ¡Qué personaje! Además, ¿se acuerdan de la tecnología del Mossad? El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, informó oficialmente que Hacienda se encuentra apenas en una “etapa de análisis de alternativas tecnológicas” y que la iniciativa permanece en fase de “exploración y análisis”...

Tengo una buena noticia para arrancar: cambiar de opinión está permitido. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Bueno, ojalá lo recuerden. Lo que sí complica un poquito la jugada es cambiar de opinión en exactamente una semana y, al momento de anunciar el nuevo criterio, aprovechar para recordarle al país que una cosa que jamás podrán reprocharle a uno es ser incoherente.

Hay días que nos regalan noticias que vienen listas para el Reporte. Un ministro se enoja, un diputado monta un zafarrancho, alguien dice una barbaridad en conferencia de prensa y uno simplemente se sienta a escribir. Luego tenemos jornadas como la de este martes, en la que el universo decide regalarnos una disputa sobre las competencias de la Tesorería Nacional, una medida cautelar provisionalísima, la liquidación presupuestaria del Gobierno Central y un fideicomiso. Suave ahí, ¡no se me vayan! Tal vez el Reporte de hoy no será La Odisea en IMAX, pero les prometo que debajo de semejante montaña de palabras diseñadas para inducir el sueño hay temitas muy interesantes a los que deberíamos prestar atención. Recuerden: esta plata es suya.

Arranquemos subrayando lo obvio: un Estado necesita secretos. No queremos saber dónde duerme un testigo protegido, quién infiltra una organización criminal, qué ruta utilizará una escolta presidencial ni cuáles son las vulnerabilidades detectadas por un cuerpo de inteligencia. Tampoco sería particularmente brillante publicar antes del operativo cuántos policías van, con qué equipo y por dónde piensan entrar. Hasta ahí, creo, podemos ponernos de acuerdo sin demasiado esfuerzo. El asunto se complica cuando la palabra secreto empieza a crecer, crecer y crecer hasta terminar tragándose también presupuestos, ofertas, adjudicaciones, contratos, proveedores y ejecución contractual. Bue... justamente eso ocurrió ayer.

Bueno, al final los “güichos”, “masoquistas” e “ingenuos” eran bastantillos. Miles de personas se movilizaron ayer en San José y diferentes puntos del país en defensa del Poder Judicial, la división de poderes y la institucionalidad democrática, apenas 24 horas después de que Rodrigo Chaves descalificara por adelantado a quienes pensaban asistir a la convocatoria. Además, mientras miles de personas discutían en la calle sobre límites, controles e independencia de poderes, la Fiscalía General abrió el expediente 26-000076-0033-PE contra la presidenta Laura Fernández y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, para determinar si hubo alguna actuación contraria a la ley en el nombramiento de Katherine Tenorio Ruiz como directora de la Policía de Control Fiscal.

Había bastante material para discutir después de la conferencia: el IVA que ya no se discutió aunque sí se discutió, la pensión que ahora merece una defensa comprensiva y una oposición que supuestamente solo bloquea, y una acusación gravísima contra la administración anterior del propio movimiento político que hoy gobierna. Y zaz: llegó la Asamblea Legislativa y le regaló al Ejecutivo la distracción perfecta. El diputado del Frente Amplio Edgardo Araya dijo en el plenario que la presidenta “se hace la tontita”. Hay que decirlo con todas las letras: fue una expresión inaceptable.

El oficialismo presentó este martes cuatro reformas constitucionales. Una reconoce expresamente el derecho de las personas a controlar el uso, tratamiento y circulación de sus datos personales. Bien. El principio de autodeterminación informativa ya ha sido reconocido por la jurisprudencia y cuenta con protección legal, así que elevarlo expresamente a la Constitución es una discusión más que oportuna. Las otras tres, en cambio, aterrizan directamente sobre las instituciones con las que el Gobierno lleva semanas —en realidad años— sosteniendo un enfrentamiento cada vez menos disimulado: la Contraloría General de la República y el Poder Judicial.

Todos conocimos de peques al vecinito pudiente dueño de la bola. Mientras el partido avanzara como él quería, todo era armonía, deporte y sana convivencia. Pero bastaba con que Leito le hiciera un par de fintas y apague y vámonos: bola debajo del brazo, mejenga cancelada y calabaza calabaza cada quien para su casa. Ayer el Gobierno nos ofreció la versión institucional del berrinche, en dos actos perfectamente coordinados.

Hay una palabra espléndida en ajedrez para describir la situación incómoda en la que un jugador no quisiera mover, porque la posición actual le conviene, pero las reglas lo obligan a hacerlo. Se llama zugzwang. No es jaque mate. No es derrota automática. No significa que la partida terminó. Significa algo más sutil y más cruel: usted tiene turno, tiene piezas, tiene opciones... pero ya no puede quedarse quieto sin pagar un costo. Pues bien: bienvenidos a la situación de Pueblo Soberano tras un fallo de la Sala Constitucional que cayó ayer por la noche.

Primero fue “Operación Chiripa”. Luego vinieron las dudas sobre el traslado de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, a los Tribunales de Justicia. Después apareció la explicación de la Fiscalía: reunión con agentes de la DEA, interés de Estados Unidos en extraditarlo y la diligencia sensible de cooperación internacional. Más tarde, el propio fiscal general reveló que “Diablo” habría dicho espontáneamente que contó durante años con colaboración de oficiales del Ministerio de Seguridad Pública. Y ayer, finalmente, Zapote dio el siguiente paso: pedir que la cúpula judicial vaya a rendir cuentas al congreso.

El lunes el Ejecutivo (en la voz de la presidenta Laura Fernández, el ministro Rodrigo Chaves y el ministro Gabriel Aguilar) dedicó buena parte de su conferencia de prensa a cuestionar por qué Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, había salido tan temprano de La Reforma si su audiencia de medidas cautelares era hasta la tarde. Se cuestionó, inclusive, el propio traslado, alegando que dada su peligrosidad el trámite debió resolverse de manera virtual. Preguntaron con tono acusatorio dónde estaba, con quién hablaba y qué se conversaba “privadamente” con un detenido de ese perfil. Ayer, el fiscal general Carlo Díaz respondió con una palabra que cambió el tablero: DEA.